Resumen
Durante los últimos años del siglo XX, la Evaluación de Impacto Ambiental fue uno de los procedimientos administrativos que más contribuyó al desarrollo de la arqueología preventiva en España. Y, con ello, al despegue de la arqueología entendida como profesión liberal y al afianzamiento de los servicios patrimoniales en la administración pública.Desde 2008, todas las instancias implicadas en este marco normativo y práctico (la administración, las empresas de arqueología, las empresas de obras públicas) entraron en un declive del que no se han recuperado. El marco legislativo, que había permanecido estable durante muchos años, comenzó a experimentar algunos cambios, tanto en la temática medioambiental como patrimonial.El escenario actual se parece poco al de los años ’90. Los cambios normativos realizados son indicios de cambios en el nivel de las políticas, que tienen que ver, en primera instancia, con los que se han producido en el discurso patrimonial (ensanchando el campo de lo patrimonial e incorporando los conceptos de participación y sostenibilidad). Cambios que, al menos sobre el papel, no tendrían por qué ser a peor, sino fuese porque son parte de la oleada neoliberal que, como contexto global, es la que condiciona la gestión actual de los recursos naturales y culturales y, por lo tanto, la precaria práctica de la gestión patrimonial y arqueológica en el marco concreto de la normativa medioambiental.El futuro no parece luminoso, pero, precisamente por eso, la arqueología debería mantener su influencia en el marco de las políticas ambientales, así como trabajar para una sociedad auténticamente inclusiva, democrática y sostenible. O lo que es lo mismo, debería hacer confluir reflexivamente el pragmatismo de la arqueología preventiva con la capacidad crítica y de transformación de la arqueología pública.