La experiencia de GIArPa demostró la fiabilidad del concepto “grupo de investigación”, vertebrado en torno a una estrategia compartida, con un liderazgo claro y con base en una dinámica de trabajo exigente, pero de apoyo y compañerismo. La asistencia masiva al tercer congreso de la EAA, en Rávena (1997), o al coloquio de Arqueología del Paisaje, en Teruel (1998), no sólo dieron lugar a numerosas anécdotas grupales, sino que contribuyeron a afianzar la camaradería y la imagen de grupo cohesionado. Esto incluía la celebración de eventos periódicos, como la cena de Navidad, de la que formaba parte el famoso torneo de futbolín “Memorial Waldo Vieira”, o las churrascadas que abrían el verano, en las que se disputaban partidos de fútbol entre las secciones que se formaban dentro del grupo, según se estructuraba el trabajo (campo vs gabinete) o por asignación a proyectos (Ortegalia vs Autopista, por ejemplo). Algunos miembros también jugábamos partidillos las tardes de los viernes, en el Campus Sur (a veces, con fichajes “no comunitarios”). Para no perder la forma.



La arqueología preventiva era el motor del grupo, y lo que aportó la financiación necesaria para su consolidación. Aunque cada vez se hacía un trabajo más interdisciplinar, incorporando la etnografía, la historia, las ciencias paleoambientales y la arqueología de la arquitectura, así como otros ámbitos del patrimonio cultural. Por esta razón, y porque se vinculó al Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la USC, abandonando la disciplina del departamento de Historia I, el nombre del grupo pasó a ser Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales (LAFC).

En este proceso de consolidación y expansión jugó un papel decisivo el contrato marco (equivalente a unos 600.000 euros) firmado en 1998 con ENAGAS, la compañía encargada de construir la red de gasoductos de Galicia, que permitió hacer el trabajo de seguimiento de toda la obra, y las evaluaciones de algunos ramales que aún no habían pasado dicho procedimiento en los años anteriores. El grueso de este trabajo se realizó entre los años 1998 y 2001. Este macro-contrato de prestación de servicios supuso la incorporación, mediante beca, de varias personas nuevas, que siguieron formándose como técnicas cualificadas durante estos trabajos durante más o menos tiempo (Roberto Aboal, Rebeca Blanco, Luis Zotes, Mar Cortegoso, Carmen Gómez, Narciso Herreros, Iñaki Vilaseco, María José Bóveda en un primer momento; Raquel López, Sofía Baqueiro, Patricia Mañana y Xurxo Ayán, posteriormente), o que reforzaron los servicios de administración (Teresa Neo), de gestión de la información y los datos arqueológicos (Matilde Millán, Mercedes Rey), de administración de redes (Roberto Gómez, Diego Irujo) o de diseño (Sergio Martínez, Rafael Rodríguez).

Por otro lado, los trabajos del grupo ya tenían repercusión internacional, y los contactos con otros países propiciaron que algunas personas vinieran a realizar estancias de investigación. Algunas de ellas se quedaron muchos años (Camila Gianotti, uruguaya, de 1998 a 2011, o Andrés Troncoso, chileno, de 2000 a 2008), asimilándose a los procesos de trabajo mientras continuaban sus investigaciones, realimentándolas y enriqueciendo nuestra propia perspectiva. Estas colaboraciones permitieron que el grupo participase o liderase proyectos en el exterior, empezando por Uruguay y siguiendo, años más tarde, por Chile. Ahí, y de este modo, empezó la primera internacionalización del grupo y la orientación hacia el trabajo en el exterior, que después ha pasado a ser, cada vez más, una parte de nuestra identidad.



Además, en 2001 se firmó un contrato para la realización de la corrección de impacto de la autopista central de Galicia (Santiago-Ourense), lo que permitió mantener a algunas de las personas que ya estaban, así como incorporar a otras. La renovación de personal se fomentó de manera más o menos endógena: entre los años 1999 y 2001 se realizaron cursos de formación especializada orientados a paliar las carencias formativas universitarias en materia de arqueología de gestión y revalorización, sin abandonar la investigación básica, que seguía girando en torno a la arqueología del paisaje. Muchas de las personas que hicieron estos cursos pasarían después a formar parte de la plantilla del grupo, a veces durante cortos períodos de tiempo y a veces durante muchos años (Paula Méndez, Marta Tabarés, María Cacheda, Elena Cabrejas, Yolanda Seoane, Cristina Cancela, Pastor Fábrega, Rocío Varela, Sonia García, Óscar Alonso, Virginia Castro…).

En el plano organizativo, la arqueología preventiva sirvió para demostrar la importancia del concepto de transferencia de conocimiento (de hecho, los contratos de prestación de servicios de GIArPa se gestionaban a través de la OTT de la USC). Cuando en las universidades sólo se hablaba de transferencia de tecnología (y de forma marginal), LAFC integró la transferencia en la investigación en humanidades y ciencias sociales: la práctica de la arqueología no sólo consistía en la producción de conocimiento y su transferencia al entorno en forma de patrimonio, sino en la producción de nuevo conocimiento para la gestión de ese patrimonio y para su puesta en valor, su socialización. Es en este momento (1997) cuando se lanzaron las series CAPA y TAPA, que intentaban hacer públicos los resultados de la actividad realizada, tanto a nivel de datos procedentes de la misma (TAPA: Trabajos en Arqueología del Paisaje) como a nivel de propuestas de corte más teórico, metodológico o sistemático (CAPA: Criterios y Convenciones en Arqueología del Paisaje).

No sólo la arqueología fue repensada como una tecnología para la investigación y gestión, sino que el propio concepto de tecnología fue repensado y reevaluado gracias a la investigación arqueológica, para lo cual fue esencial la propuesta de “cadena tecnológico-operativa”, de Pilar Prieto e Isabel Cobas. Este concepto llevó a la formulación de la “cadena interpretativa” (que propuso Felipe Criado en 1996, y su actualización, que propuso Matilde Gonzalez en 1999) como sucesión (lógica, no cronológica) de instancias valorativas (valoración, evaluación, revalorización) que permite que los bienes patrimoniales puedan ser “puestos en valor” o “socializados”, sin perder por ello su valor como signos arqueológicos. El concepto fue finalmente fijado como “Cadena de Valor del Patrimonio Cultural” (CVPC), estrategia de gestión integral que permite trabajar con el patrimonio de forma multimodal, aunque siempre desde la arqueología del paisaje como disciplina central.

Porque, a través de la CVPC, el potencial informativo del paisaje y sus componentes (lo que incluye a las poblaciones humanas, como recalca el Convenio Europeo del Paisaje, de 2000), el paisaje como contexto de existencia y uso de los bienes patrimoniales, y el paisaje como recurso para el desarrollo iban así integrados, y una gran parte de las afecciones que le sucediesen al paisaje y/o al patrimonio podían ser absorbidas y toleradas si se generaba información de contexto y significación, si se evaluaba con precisión la afección y sus consecuencias, y si se rentabilizaba la afección (fuese mayor o menor) en forma de socialización de patrimonio y conocimiento. Todo ello, antes de que hubiese una ley de protección del paisaje y una evaluación de impacto paisajístico. A pesar de estos avances legislativos, los problemas de la arqueología preventiva y la gestión del patrimonio en el marco de los procedimientos territoriales y ambientales, y los efectos sociales y paisajísticos de los proyectos con los que trabaja, siguen siendo un escenario complejo de reflexión e investigación aplicada.

El sistema de información, creado anteriormente, se perfeccionaba (SIA+) e incorporaba cantidades importantes de nuevos datos: se producía registro arqueológico convencional y se integraban elementos del paisaje poco estudiados hasta el momento (las áreas arqueológicas, los bienes etnográficos o las terrazas de cultivo, por ejemplo), como sucedió con la evaluación de impacto realizada en el Monte Gaiás, previa al inicio de las obras de construcción de la Cidade da Cultura (en 2000), y con el propio seguimiento del inicio de las obras (2001), que coordinó Suso Amado y lideró Paula Ballesteros. Como dice un amigo mío: el destino es un gran artesano.



Pero en esta época también se introduce otra variante que marcará la trayectoria posterior (y la identidad) del grupo: su implicación en la arqueología en comunidad. En el origen de esta implicación están los proyectos de revalorización liderados por Matilde González: por ejemplo, el plan de musealización de bienes patrimoniales de Toques (A Coruña), o el del castro de Elviña, en A Coruña, que no llegó a implementarse. Poco después, Mati abandonó el grupo por razones personales, no sin antes defender (en 1999) una pionera tesis sobre Investigación y puesta en valor del patrimonio histórico desde la arqueología del paisaje.

Este giro hacia la revalorización también orientó la colaboración con algunas instancias externas, como la Fundación Ortegalia (en el norte de A Coruña), para la intervención patrimonial en diferentes bienes de la zona. Para dirigir la estrategia, esta fundación fichó a Fidel Méndez, quien abandonó el grupo en 2000, con una monumental tesis sobre Edad del Bronce que se quedó a medio terminar.

Y también fue en 2000 cuando, a instancias de la Asociación de Amigos dos Castros, se inicia la experiencia de Castrolandín (Cuntis, Pontevedra), que aportó al ámbito de la revalorización el giro crucial hacia la dimensión comunitaria y participativa. El hecho de que fuese la comunidad la que vino a la academia, y no al revés, es la clave de que este proyecto resultase tan exitoso y haya permanecido en el tiempo como referencia en arqueología comunitaria, incluyendo la implicación del grupo en la recuperación de tradiciones como la celebración de San Xoan en el propio castro. En esta experiencia arqueológica se forjaron las posteriores trayectorias de Carlos Otero y Xurxo Ayán, quienes aplicarían su experiencia en otros lugares y sitios arqueológicos.



Mientras tanto, los viejos y queridos coches (el Lada y el Suzuki) habían sido sustituidos por dos Nissan Terrano, pero la financiación conseguida con el contrato de ENAGAS permitió ampliar la flota con otros cuatro, uno de ellos largo, más apropiado para el llamado “equipo de actuaciones especiales” (internamente conocido como los GEOs). También se actualizaron los equipos de navegación por satélite, sustituidos por un par de colectores de datos muy manejables para la época (había que cargar con una mochila con antena), así como buena parte de la infraestructura informática. Todo ello sin salir de nuestro pequeño tanatorio, donde se puede decir que en esa época trabajábamos en condiciones, a veces, muy difíciles (sobre todo, cuando no había equipos en campo y estábamos todos en la oficina), pues el laboratorio llegó a contar entonces con más de cuarenta personas.



Aun en esas condiciones, se llegaron a elaborar algunas tesis que fueron defendidas en torno al cambio de siglo: la de Pilar Prieto (sobre cerámica de la Edad del Bronce) en 1998, la ya citada de Matilde González, en 1999, las de Victoria Villoch (sobre paisajes megalíticos en Galicia) y César González (sobre sistema de información para la gestión de recursos culturales) en el 2000 y la de César Parcero (sobre el paisaje social de la Edad del Hierro) en 2001. Esto ejemplifica que la investigación más tradicional seguía muy viva en el grupo, a pesar de que el trabajo en gestión y prestación de servicios llegó a ser muy estresante para mucha gente en muchos momentos, y de que era imposible procesar más que una mínima parte de los datos que se obtenían. Esto llevó a una toma de conciencia acerca de las condiciones de trabajo que se enmarcaría, más adelante, en las luchas del movimiento precario, a nivel estatal.

Pero ésta ya será una lucha que tendrá lugar en otro escenario institucional, merced a una puerta que se había abierto en 2000…

(Continuará)